Una reforma necesaria del Código Penal.

Una reforma necesaria del Código Penal.

 
Seguro que algunos de mis amigos, doctos en leyes, me reconvendrán si meto la gamba "ostentóreamente", pero de todas formas –y a la espera de esas enmiendas– como lo que aplico para plantear esta exigencia, es puro sentido común, paso a exponerla.

Es más que evidente que los miembros de las castas expoliadoras de lo de todos, se van de rositas en la mayoría de los casos, salvo alguno que haya pecado gravemente contra sus "dioses" y estos le abandonen. Esto es un hecho visible y demostrado que pocos tendrán el atrevimiento de contradecirlo.

Considerando que en un proceso de rendición de cuentas, existen varias etapas, en cada una de las cuales hay resquicios por los que irse de rositas, analicemos esas etapas.

Denuncia e investigación:
No creo que las denuncias interpuestas por ciudadanos sean una gran fuente de inicios de procedimientos, salvo casos en los que asociaciones, como Manos Limpias, han dado el paso adelante.Son principalmente la Policía Nacional y la Guardia Civil, los que dan este primer paso ante claras señales de probables delito. Aquí, entran los responsables: comisarios jefes, delegados del gobierno, directores generales, y el titular de turno del Mº del Interior, que pueden frenar o echar mano del viejo truco de usar el cajón de los olvidos, sin que vuelva a saberse más del asunto delictivo. 

Jueces y fiscalía:
En el caso de que se haya pasado la etapa anterior, la denuncia pasa a juez o, generalmente, a la fiscalía. Ambos pueden, según presiones desde el poder o ruido mediático, desestimar el caso. Si el denunciante es un particular, una asociación o la fiscalía discrepa del juez, que es quién en definitiva archiva el caso, se puede recurrir a una instancia superior que puede archivar definivamente, u ordenar la sustanciación de la denuncia. No olvidemos el carácter jerárquico de la propia fiscalía, lo que, en mi opinión, enmascara o ¿justifica? posibles presiones de fiscales de más alto nivel. La historia reciente demuestra que la elección del Fiscal General del Estado por el Gobierno de turno, prostituye, en realidad, este órgano de la Justicia, convirtiéndolo en Fiscal General del Gobierno.

Instancias superiores:
De haber continuado la causa, tras la sentencia, cualquiera de las dos partes puede apelarla ante una instancia superior, y dependiendo del tipo de delito, hay otra, o varias, instancias más ante las que apelar. Vamos, que se puede ir de victoria en victoral hasta la derrota final, o viceversa. Hasta el Tribunal Constitucional o el TEDH –dependiendo del delito–, mirad si hay pasos y tiempo para perder o ganar.

Indultos:
Esta es la forma más bastarda de escapatoria para el corrupto o estafador. Y es que como es una herramienta discrecional, en manos de los políticos –Dios nos coja confesados–, la reparten como si de jugar al póker se tratara. Curiosamente los beneficiados por estos indultos totales o parciales, están casi siempre en el lado de las diversas castas existentes.

Imposibilitar que se nos escapen los chorizos en estas fases, requiere, no exclusivamente, de mejores leyes, sino de la más estricta separación de poderes; pero como esto se antoja tarea dificilísima y muy lenta, que se acelerará según la ciudadanía tome conciencia de su poder, y lo ejerza, entremos por el capítulo de las leyes.

Cierto que soñar con meter a corruptos y chorizos en la cárcel, que siempre los ha habido, era un desideratum de las clases populares y medias. La práctica experimentada, ha mostrado que meter en la cárcel a Don ...., al hijo o la esposa de Don ...., al banquero que le presta a Don ...., era un trabajo digno de Hércules, y hoy los semi dioses escasean mucho porque tienen que dedicar la mayor parte de su vida a ganársela y pagar impuestos.

Pero también es cierto que la indignación ha calado en la sociedad y su exponencial crecimiento, está acojonando a los corruptos y a los que le prestan cobertura. Por lo que se hace fundamental la presión ciudadana –estando Podemos por ahí, prefiero no usar "popular"–, ya que primero, les está haciendo enrocarse para protegerse de nosotros con multas claramente desproporcionadas como las inventadas por el Mº del Interior contra manifestantes y escraches pacíficos, ya que los jueces se niegan a condenar muchas de estos actos, única válvula de escape social. Pero las protestas ciudadanas aumentan como setas tras la lluvia, y esta política represora, no tiene mucho tiempo de vida.

Así que, más tarde o temprano, en un intento más de proteger sus propios intereses, tendrán que ir cediendo y renunciando a parte de sus privilegios, para que lo que más les importa, cambie lo menos posible.

Dado que con las laxas –para sus delitos– leyes y sentencias actuales, a poco que el corrupto haya "pillado" algún milloncejo de euros, siempre les merece la pena, una corta estancia en el Balneario de la Trena, eso sí, poniendo cara de póker, de "¿por qué me hacen Uds. esto?", pero de devolver lo apropiado, nada de nada. Por ello, me permito realizar la siguiente propuesta:

En delitos económicos contra la sociedad española, directos o a través del fraude a la Hacienda Pública, generalmente de cantidades notables, en mi opinión, se debería ligar la pena aplicada tanto al hecho delictivo en sí, como a la cuantía apropiada o malversada, modulando su condena según la cantidad estafada y/o robada.

Por ejemplo. El delito de apropiación indebida, puede tener una condena de –por ejemplo– dos años y seis meses a cinco años. Pero por cada fracción –actualizable anualmente– apropiada –cada millón de euros, por ejemplo– llevará un incremento en la condena de dos años más, sin posibilidad de reducción, salvo que se devuelva la cantidad apropiada o desviada a terceros. Así, si lo devuelve todo, tendrá que cumplir la pena por la estafa en sí, (de 2 y 1/2 a 5 años) sobre la que sí podría existir posible reducción. Dejando explícitamente fuera de cualquier posibilidad de indulto, este tipo de delito contra lo que es de todos, ya sean ERE, dinero de ayudas de la UE, ayudas sociales, etc.

¿Qué os parece?




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