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Sobre Leyes y Estado de Derecho u oportudidad política y estado bananero.





Desde antes de la consulta soberanista, desde muchos años antes, es una gran ironía hablar de Estado de Derecho, refiriéndonos a esto que a duras penas llamamos Nación Española. Para reafirmar esta idea, veamos qué dice al respecto del Estado de Derecho, la Wikipedia:

"Un Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita. A diferencia de lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras personales, donde el deseo del dictador es la base de una gran medida de acciones sin que medie una norma jurídica, en un estado de derecho las leyes organizan y fijan límites de derechos en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público (en ese sentido no debe confundirse un estado de derecho con un estado democrático, aunque ambas condiciones suelan darse simultáneamente). Esta acepción de estado de derecho es la llamada "acepción débil" o "formal" del estado de derecho."
... ... ...

"La acepción fuerte o substantiva (estado de derecho en sentido real o material), requiere además que «cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no solo sus formas sino también sus contenidos» Esta segunda condición según qué contenidos sean señalados como deseables, excluiría a los estados totalitarios".

Partiendo de esta definición muy aclaratoria, creo que para cualquier ciudadano normal, una cuestión queda clara, fuera de toda duda e irrefutable: la base primordial del Estado de Derecho es el respeto de todos, gobierno, funcionarios y ciudadanos a las leyes vigentes. Esto es, la base fundamental del Estado de Derecho es el imperio de la Ley.

Por lo dicho,me parece oportuno analizar, aunque rápidamente, la actuación de diferentes políticos y estamentos del
Estado al respecto del concepto de Estado de Derecho, comprobaremos que para la inmensa mayoría de ellos, no deja de ser un recurso dialéctico o, en el mejor de los casos un argumento para arrojarlo a la cara del oponente, sea en simulación diferida, o no.

Arturete Mas & Cía.

Bueno, este es el ruc català que se ha ciscado en la Constitución, en el Tribunal Prostitucional, en el Tribunal Supremo, en todas las sentencias y provisiones de estos que no le gustaban, en el Gobierno de España, en el Fiscal General del Estado. Para lo que ha contado con la entusiástica colaboración de sus secuaces de CiU, y el empuje –literal–  de ERC con ese "pasa tú primero, que yo no puedo con la risa"; no nos olvidemos del PSC, desde charnego Montilla que inició el cachondeo con las Leyes. Y para no dejar sin repartir estopa a nadie, la ANC, Omium Cultural, ICV, la CUP y toda la ralea de parásitos que han exprimido a la Generalidad, robándonos a todos los españoles.

La Famiglia Pujol
 

Aquí arrancó el despropósito soberanista, pero muy bien planteado, poco a poco, con mucha vaselina, si no fuera porque inició el festival del relativismo ético, con el Caso Banca Catalana, en el que acojonó a Felipe González, al inventar el recurso de enrocarse en la bandera, en este caso, catalana: "El que me ataca a mí, ataca a Cataluña".  El Capo di tutti capi, ya con una fortuna àmpliament engreixada, tras el excelente aprendizaje de sus retoños, expertos en exportar bolsas de basura repletas de billetes de 500 €, en las comisiones auto-lucrativas a mayor gloria de la famiglia, etc.

Hasta aquí, los más señalados y directamente responsables del grave desafío soberanista al Estado Español, los responsables de la última –hasta el momento– gran crisis de España, para los que el Estado de Derecho debe significar una parturienta sin barriga. Pero no son los únicos. Veamos:



Mariano Rajoy y sus Mariachis Peperos

Aquí hay que hacer un punto y aparte, porque si pensamos que nadie podría igualar en terrible daño causado por Zapatero al imperio de la Ley y a España, observando la más que indigna ejecutoria de Mariano Rajoy, éste le supera sobradamente. Manipulando y presionando al Tribunal Prostitucional, al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado, de modo que el enriquecimiento ilegítimo de su partido, a través de cajas "B", quedara salvaguardado. Pero el convencimiento de Rajoy y sus aparatos –no exclusivamente los de Génova, sino que también Valencia, Madrid, Castilla la Mancha, y allá donde han gobernado– de estar por encima de la Ley, de tener impunidad, les ha llevado a relajar la guardia y cometer serios errores, que ni los jueces más entregados, podrían obviar. La más inmensa cobardía y el delito de dejación de funciones, no le vienen cortos a semejante bobo que nos gobierna.

Respecto a la última crisis, la soberanista de Cataluña, por cobardía y el gran error de pensar que los problemas se arreglan solos por autocombustión, creo que Rajoy, bien podría ser imputado, junto a algún alto tribunal por dejación de funciones, y lo único que ha conseguido es llevar la situcación a tal extremo que como último intento ha tenido que parapetarse muy cobardemente tras el Fiscal General del Estado y le ha puesto en las manos un serio marrón.

Aparte de Mata, Bárcena, Fabra (Carlos), Cotino, Granados y otros que pronto brillarán en los titulares como, posiblemente lo haga Barberá, quiero resaltar a la inútil cabeza de lista del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, tontita del culo que en una muestra más de esa arrogada y alocada impunidad, con sus declaraciones de que el Fiscal General del Estado iba a poner la querella contra Mas & Cía. en realidad lo ha puesto a los pies de los caballos mediáticos.  




Zapatero y los "sociolistos"

Que aquél "Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña", marca un punto de inflexión en el avance del sobreanismo catalán, y que se lo debemos a Zapatero, es algo que difícilmente ignorarán los ciudadanos españoles, pero son muchos los responsables socialistas que han participado en enmerdar el Estado de Derecho durante las negociaciones con ETA, Faisán y otras grandes azañas. Por no señalar la sivergonzonería y la ausencia de ética de otros muchos como Chaves, Griñán, Zarrías, etc. organizando el saqueo de dinero público a través de los EREs, Cursos de Formación, subvenciones amañadas, los endeudamientos de por vida en ciudades que han gobernado y arruinado. Y lo malo es que difícilmente se les podrá pedir responsabilidades a todos, aparte de la escasa probabilidad de que de hacerlo, terminen en la cárcel, por la corrupción de los órganos judiciales.
Respecto al desorientado Pedro Sánchez, en estos días le hemos oído el estúpido raca-raca, muy legítimo defenderlo –pero no dejará de ser otra cosa que defender un estúpido y peligroso despropósito–, atacando el fundamento del Estado de Derecho, trayendo a colación una supuesta "oportunidad política" que aconseja no aplicar las leyes –que ahí están, y bastante claras– justificándolo con el no-argumento de "no fortalecer a los enemigos de España". U otros raca-racas como la pretendida Reforma Federal de la Constitución –¿más federal que las actuales Autonomías?–, donde parece que ha encontrado "el argumento" para su próxima campaña electoral. O que "no se puede judicializar lo que es un problema político"; sin tener la mínima inteligencia para comprender que el problema existe desde el momento que es un órgano del propio Estado , el que ni reconoce, ni respeta, las leyes en las que fundamenta su autoridad. ¡Hay que ser cretino!

Quien solicita que se negocie políticamente lo que la Ley, considera fuera del ordenamiento jurídico, está incitando a prevaricar a unos y a desobedecer a otros, en cualquier caso a cometer un delito. ¿O no es delinquir esto?

El socialismo, ha hecho suya la doctrina del ya desaparecido Gregorio Peces Barba que con su "Uso alternativo –prostituido, diría yo– del Derecho", introdujo ese relativismo ético que sacraliza la aseveración, también del socialista Alfonso Guerra, de que "Montesquieu ha muerto", lo que viene siendo su máxima jurídica actual. Ni más ni menos que "sí me interesa aplico las leyes, y si no me interesa, no las aplico" todo un canto a la Democracia y el Estado de Derecho.

O sea, que si tenemos en cuenta la "oportunidad política" y no aplicaremos las leyes, ¿donde queda el Estado de Derecho? Desde luego muy lejos de España. O que si delinque un político, hay que darle una solución política. Pero si quién delinque es un simple ciudadano, leña al mono hasta que escampe. 


Los chirriantes y politizados órganos judiciales.

Espero no tener que convenceros del altísimo grado de politización del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de las Audiencias –entre ellas la Nacional– y de la Fiscalía, Defensor del Pueblo.

Es esta politización, la que les ha llevado a emitir providencias y sentencias cuyas consecuencias son al Estado de Derecho lo que un sacerdote a un lupanar. Tratan de revestir de una falsa dignidad sus decisiones más peregrinas, generando un "paripé" para –en román paladino– salvarse el culo. Como el plante de los fisacales de Cataluña que, como pretendían, han sido obligados por el Fiscal General del Estado a querellarse contra Mas & Cía., "ellos no querían, pero les han obligado". Habrá que ver el entusiasmo con el que se ponen a ello, por si no fuera poco dudoso, el hecho de que serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.


Vamos, que como un pastel a la puerta de un colegio: visto y no visto. 
En realidad, oportunidad de evitar alcanzar esta situación límite, han tenido. Unos locos de los que formé parte, se lo pusimos en bandeja. Pidiendo amparo ante el
Tribunal Constitucional contra la Resolución 5/X del Parlamento Catalán, "la Soberanista", que "tiene efecto jurídico sobre la ciudadanía en cuanto pretende activar y promover el ejercicio de libre opinión (art. 20.1.a CE) y participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE)". Pero en Tribunal Constitucional no nos consideró parte porque estima que como ciudadanos españoles " los recurrentes carecen de legitimación" cunado la propia LOTC, dice literalmente: 
"Están legitimados para interponer recurso de amparo constitucional:
     a)    En los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal."


Vamos, verde y con asas. Otra aplicación del antidemocrático y contrario al Estado de Dercho, "Uso alternativo del Derecho". Sobre esto, leed mis anteriores entradas:  

 

Tampoco queda exento de esta responsabiliodad el Fiscal General del Estado, Sr. Torres Dulce, pues en la petición de amaparo citada, le pedimos que recurriera contra la denegación del Tribunal Constitucional, pero, aunque se nos dijo, por la responsable de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, que muy probablemente se hiciera; finalmente optó por aferrarse al Uso alternativo del Derecho.  También al respecto: 




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Todos los españoles son iguales ante la Ley,... bueno, depende.





Al parecer seis de los nueves fiscales catalanes no ven lo de aplicar la Ley a Mas y sus secuaces. Teniendo en cuenta el grado de politización de la justicia en España, sobre todo cuando subimos el nivel de las instancias a audiencias y superiores, no es de extrañar que esto ocurra. 

Todo lo más, estarían dispuestos a llevar, únicamente a Arturo Mas y Juana Ortega (vicepresidenta del Govern), ante los tribunales, pero exclusivamente por desobediencia, sin incluir en lo imputado, el delito de  prevaricación, por no hacer caso de la suspensión que ordenó el Constitucional, y usurpación de funciones, cometida por las autoridades que impidieron ejecutar una resolución judicial, de nuevo por la prohibición de llevar el proceso de participación.


Según se comenta, los motivos para tan nimia acción, son: de una parte, considerar excesiva la acusación pretendida y de otra, la oportunidad del momento, para no crispar aún más a los secesionistas catalanes. Aunque lo fiscales catalanes, prefieren renombrarlos "sociedad catalana".

Y esto último es lo que realmente me subleva contra la Justicia española:
  • ¿Un delito deja de serlo, simplemente por la oportunidad del momento?
  • ¿Quién decide ese concepto tan etéreo de la "oportunidad del momento"?
  • ¿Y por qué no usar otro tan válido como la "oportunidad del personaje"?
  • ¿Quién decide sobre a quiénes se les aplica esa "oportunidad del personaje"?
 Vamos que, si para la fiscalía, la ley, deja de serlo, según el momento, oportuno o no, admite el insostenible relaitivismo moral como principio supremo de su actuación, o no.  A éste, mejor no imputarlo, por ser de CiU –será un chorizo, pero de CiU–.
  • A estos, mejor no imputarlos, por ser de la CUP –será un "incendia-banderas" (delito contemplado en nuestro ordenamiento jurídico) pero no los imputamos por ser de la CUP–.
  • A estos estafadores, mejor no imputarlos, por sus amistades –habrán estafado, pero son amigos de gente del gobierno–.
  • A estos golfos, mejor no imputarlos, por vallar de terreno protegido –serán todo lo golfos que sean, pero cazan con el Rey–.
Podríamos seguir con esta lista, pues para llenarla, hay para dar y tomar. Así que, de un plumazo, la fiscalía se ha cargado la igualdad de los españoles ante la Ley. Por que NO SON TODOS. Todo dependerá del color de cristal, bajo el que se mire y de a quién se mire.





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Mientras aún tengamos una España que recuperar.



Entrada dirigida a todos los españoles, afiliados de buena fe y simpatizantes de partidos que afirman estar "comprometidos con la Regeneración Democrática": 

Ciudadanos (C's) 
Ciudadanos Libres Unidos (Cilus) 
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Vox 
Otros

Diferencias habiyuales entre esto partidos regeneradores:

  • ¿Que tú eres republicano y yo no?
  • ¿Que tú eres liberal y yo no? 
  • ¿Que tú eres de derechas y yo no?  
  • ¿Que tú eres socialdemócrata y yo no?
  • ¿Que tú eres vasco y yo no?
  • ¿Que tú eres andaluz y yo no?
  • ¿Que tú eres antiabortista y yo no?
  • ¿Que tú eres animalista y yo no?
  • ¿Que tú eres autonomista y yo no?

Bueno, ¿Y QUÉ?

Qué son esas diferencias, cuando nos están fragmentando y expoliando España.
Cuando España se nos deshace entre los dedos, ellos incapaces de detener su desmoronamiento y nosotros sin hacer nada por impedirlo, salvo lamentarnos.
Cuando la indignidad de los que gobiernan, y los que deberían ser su alternativa, es sonora y cierta, llegando
los españoles a aborrecer, mayoritariamente y como nunca, a los políticos.
Cuando la rapiña de la que hemos sido objeto, deja a muchas familias empobrecidas, hasta el punto de que mentiremos, si no admitimos que conocemos a una o varias de ellas.
Cuando sólo tenemos que informarnos un poco, para traicionarnos si negamos que "ellos, mientras se enriquecen empobreciéndonos al resto.

Cuando vemos que la locura expoliadora de esas castas,y porque son mediocres, les lleva a no tener ni la más mínima pudicia en no ostentar el fruto de su rapiña.
Cuando su desprecio por los intereses y derechos de todos y cada uno de nosotros, les hace tan insolentes que no dudan en cometer las más evidentes y ridículas ostentaciones de su impunidad. 

Cuando observamos que, pese a la actuación de jueces honestos, por encima de ellos, están otros –jueces e indultadores– que librarán de la cárcel a los corruptos. 
Cuando hemos tomado conciencia de que la justicia no es igual para todos.
Cuando nuestros hijos tienen que marchar a otros países buscando su futuro que, políticos y especuladores, se han encargado de robarles en España.

Creo que
, salvo para personas sectarias a machamartillo, hoy es mucho más grave, y urgente su resolución, lo expresado en el párrafo anterior, que todo lo que nos pueda separar. Ésta es la causa real de nuestra situación actual: han despreciado nuestros derechos y robado nuestros recuersos, con nuestra ignorante anuencia por acción o inacción, siendo ésta, consecuencia directa de centrarnos en diferencias, quizás muy serias, pero no las más urgentes. Veamos:

  • ¿Estamos contra la apropiación sistémica de todos los recursos del estado por la casta política y sus cómplices?
    ... ¡SÍ!
  • ¿Estamos contra la práctica desaparición, tras sucesivos recortes, de la ya muy escasa participación ciudadana en las decisiones políticas?
    ... ¡SÍ!
  • ¿Estamos contra la nula representatividad ciudadana por parte de los electos, siguiendo exclusivamente los dictados del aparato de sus partidos?
    ... ¡SÍ!
  • ¿Estamos contra una casta centrada en rescatar bancos y grandes empresas, abandonando a su suerte al pueblo español, único soberano, incluso contra la voluntad de gran parte de él?
    ... ¡SÍ!
  • ¿Estamos contra el que un Programa Electoral sea la plasmación ideológica de un conjunto de aspiraciones sociales, sin ningún compromiso, ni voluntad real, de cumplirlas?
    ... ¡SÍ!
  • ¿Estamos contra que los corruptos se nos escapen de rositas, sin pagar en la cárcel y sin devolver lo apropiado con sus añagazas?
    ... ¡SÍ!
  • ¿Estamos contra la actual falta de voluntad política y de medios judiciales para acabar con esta sangría, exigiendo que la corrupción deje de ser rentable?
    ... ¡SÍ!
  • ¿Estamos contra el desmembramiento de España, ya transformada en un akelarre de taifas identitarias?
    ... ¡SÍ!
He usado y trabajado sobre la ilustración de José Orcajo,
al que no he podido contactar para solicitarle permiso.
No obstate, si no le gusta el uso dado, sólo tiene que contactarme a través de este blog.


Si tus respuestas a las anteriores preguntas son un rotundo ¡SÍ!: Tú y yo, somos muchos más que dos. Por qué no exigimos a los partidos autoproclamados como Regeneradores de la Democracia que firmen, no una colaición –que sería lo deseable–, pero al menos que tengan la dignidad de aparecer públicamente para firmar un pacto de que, en todo lo citado más arriba, votarán como un solo partido, en bloque, reservándose su libretad de voto, para las cuestiones que no son compartidas.

Se trata de poner en común, un programa de cinco o seis puntos con las reformas que habría que abordar para romper con tantos privilegios para unos cuantos. Respecto al resto de propuestas no compartidas, cada formación tendría las suyas y conservaría su propia decisión de voto.


Amigos, entrelacemos los brazo y formemos un frente capaz de ocupar las más grandes avenidas, desde acera a acera, en miles de filas de ciudadanos indignados, expulsando a nuestro paso la inmundicia de nuestras calles. Entonces, sólo entonces, tendremos el derecho a llamarnos ciudadanos y dirimir libre y lealmente nuestras legítimas diferencias.  


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Una reforma necesaria del Código Penal (II).



Petición presentada al presidente delGobierno de España, Sr. Mariano Rajoy, a través de Change.org  Os ruego encarecidamente que la firméis.



En delitos económicos contra la sociedad española, directos, sobre la propia sociedad, algún coletivo o fraude a la Hacienda Pública, ligar la pena aplicada, tanto al hecho delictivo en sí –cada uno con su condena específica–, como a la cuantía apropiada o malversada, modulando su condena según la cantidad estafada y/o apropiada, y que los partidos en los que han sido elegidos los autores de tales delitos, sean responsables civiles subsidiarios de lo robado con cargo a las subvenciones estatales o a su patrimonio, contemplándose su disolución, caso de no hacer frente a esa responsabilidad.


Por ejemplo: si el delito de apropiación indebida, tuviera una condena desde dos años y seis meses a cinco años. Añadir por cada fracción –actualizable anualmente– apropiada –cada medio millón de euros, por ejemplo– un incremento en la condena de un año más, sin posibilidad de reducción por indulto, salvo que se devuelva la cantidad apropiada o desviada a terceros.


Así, si lo devuelve todo, sólo tendrá que cumplir la pena por la apropiación indebida en sí. Quedando explícitamente fuera de toda posibilidad de indulto cualquiera de las dos penas consecutivas. De esta forma se atajaría este tipo de delito contra lo que es de todos, ya sean Fondos ERE, dinero de ayudas de la UE, ayudas sociales, etc.

Me apunta un buen amigo, docto en leyes, que el contenido de la petición, está ya contemplado en la legislación actual y que la petición de penas por tramos de lo apropiado, sería un gran carajal

A lo primero, huelga decir que no lo tendrán tan claro los jueces y fiscales, cuando no lo solicitan o no lo aplican. Porque ni todos los jueces, ni todos los fiscales, se someten a los dictados de los bastardos intereses de los políticos. Quizás debería estar mucho más clara e inequívocamente especificado

 
Respecto a lo segundo, acepto que la situación de nuestra judicatura, dista mucho de ser la adecuada, cuestión a solucionar por el Gobierno. Pero entiendo que uno de los objetivos de la Ley, es disuadir de cometer el delito. Por tanto, no sería más que incorporar y aplicar unas tablas en las que figuraría: "tanto te has apropiado, tanto más de condena efectiva tienes".








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Una reforma necesaria del Código Penal.




 
Seguro que algunos de mis amigos, doctos en leyes, me reconvendrán si meto la gamba "ostentóreamente", pero de todas formas –y a la espera de esas enmiendas– como lo que aplico para plantear esta exigencia, es puro sentido común, paso a exponerla.

Es más que evidente que los miembros de las castas expoliadoras de lo de todos, se van de rositas en la mayoría de los casos, salvo alguno que haya pecado gravemente contra sus "dioses" y estos le abandonen. Esto es un hecho visible y demostrado que pocos tendrán el atrevimiento de contradecirlo.

Considerando que en un proceso de rendición de cuentas, existen varias etapas, en cada una de las cuales hay resquicios por los que irse de rositas, analicemos esas etapas.

Denuncia e investigación:
No creo que las denuncias interpuestas por ciudadanos sean una gran fuente de inicios de procedimientos, salvo casos en los que asociaciones, como Manos Limpias, han dado el paso adelante.Son principalmente la Policía Nacional y la Guardia Civil, los que dan este primer paso ante claras señales de probables delito. Aquí, entran los responsables: comisarios jefes, delegados del gobierno, directores generales, y el titular de turno del Mº del Interior, que pueden frenar o echar mano del viejo truco de usar el cajón de los olvidos, sin que vuelva a saberse más del asunto delictivo. 

Jueces y fiscalía:
En el caso de que se haya pasado la etapa anterior, la denuncia pasa a juez o, generalmente, a la fiscalía. Ambos pueden, según presiones desde el poder o ruido mediático, desestimar el caso. Si el denunciante es un particular, una asociación o la fiscalía discrepa del juez, que es quién en definitiva archiva el caso, se puede recurrir a una instancia superior que puede archivar definivamente, u ordenar la sustanciación de la denuncia. No olvidemos el carácter jerárquico de la propia fiscalía, lo que, en mi opinión, enmascara o ¿justifica? posibles presiones de fiscales de más alto nivel. La historia reciente demuestra que la elección del Fiscal General del Estado por el Gobierno de turno, prostituye, en realidad, este órgano de la Justicia, convirtiéndolo en Fiscal General del Gobierno.


Instancias superiores:
De haber continuado la causa, tras la sentencia, cualquiera de las dos partes puede apelarla ante una instancia superior, y dependiendo del tipo de delito, hay otra, o varias, instancias más ante las que apelar. Vamos, que se puede ir de victoria en victoral hasta la derrota final, o viceversa. Hasta el Tribunal Constitucional o el TEDH –dependiendo del delito–, mirad si hay pasos y tiempo para perder o ganar.

Indultos:

Esta es la forma más bastarda de escapatoria para el corrupto o estafador. Y es que como es una herramienta discrecional, en manos de los políticos –Dios nos coja confesados–, la reparten como si de jugar al póker se tratara. Curiosamente los beneficiados por estos indultos totales o parciales, están casi siempre en el lado de las diversas castas existentes.

Imposibilitar que se nos escapen los chorizos en estas fases, requiere, no exclusivamente, de mejores leyes, sino de la más estricta separación de poderes; pero como esto se antoja tarea dificilísima y muy lenta, que se acelerará según la ciudadanía tome conciencia de su poder, y lo ejerza, entremos por el capítulo de las leyes.

Cierto que soñar con meter a corruptos y chorizos en la cárcel, que siempre los ha habido, era un desideratum de las clases populares y medias. La práctica experimentada, ha mostrado que meter en la cárcel a Don ...., al hijo o la esposa de Don ...., al banquero que le presta a Don ...., era un trabajo digno de Hércules, y hoy los semi dioses escasean mucho porque tienen que dedicar la mayor parte de su vida a ganársela y pagar impuestos.

Pero también es cierto que la indignación ha calado en la sociedad y su exponencial crecimiento, está acojonando a los corruptos y a los que le prestan cobertura. Por lo que se hace fundamental la presión ciudadana –estando Podemos por ahí, prefiero no usar "popular"–, ya que primero, les está haciendo enrocarse para protegerse de nosotros con multas claramente desproporcionadas como las inventadas por el Mº del Interior contra manifestantes y escraches pacíficos, ya que los jueces se niegan a condenar muchas de estos actos, única válvula de escape social. Pero las protestas ciudadanas aumentan como setas tras la lluvia, y esta política represora, no tiene mucho tiempo de vida.

Así que, más tarde o temprano, en un intento más de proteger sus propios intereses, tendrán que ir cediendo y renunciando a parte de sus privilegios, para que lo que más les importa, cambie lo menos posible.


Dado que con las laxas –para sus delitos– leyes y sentencias actuales, a poco que el corrupto haya "pillado" algún milloncejo de euros, siempre les merece la pena, una corta estancia en el Balneario de la Trena, eso sí, poniendo cara de póker, de "¿por qué me hacen Uds. esto?", pero de devolver lo apropiado, nada de nada. Por ello, me permito realizar la siguiente propuesta:

En delitos económicos contra la sociedad española, directos o a través del fraude a la Hacienda Pública, generalmente de cantidades notables, en mi opinión, se debería ligar la pena aplicada tanto al hecho delictivo en sí, como a la cuantía apropiada o malversada, modulando su condena según la cantidad estafada y/o robada.

Por ejemplo. El delito de apropiación indebida, puede tener una condena de –por ejemplo– dos años y seis meses a cinco años. Pero por cada fracción –actualizable anualmente– apropiada –cada millón de euros, por ejemplo– llevará un incremento en la condena de dos años más, sin posibilidad de reducción, salvo que se devuelva la cantidad apropiada o desviada a terceros. Así, si lo devuelve todo, tendrá que cumplir la pena por la estafa en sí, (de 2 y 1/2 a 5 años) sobre la que sí podría existir posible reducción. Dejando explícitamente fuera de cualquier posibilidad de indulto, este tipo de delito contra lo que es de todos, ya sean ERE, dinero de ayudas de la UE, ayudas sociales, etc.

¿Qué os parece?




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