La España rota: las "autonosuyas", las de los políticos.

La España rota: las "autonosuyas", las de los políticos.

Que el sistema autonómico consagrado en nuestra actual Constitución, hace aguas por todos los lados, es un sonoro fracaso, que pocas personas podrán negar, aportando argumentos contundentes:

• El que se esperaba como cohesionador, sistema autonómico, se ha pervertido concluyendo en un ingobernable sistema de taifas, la mayoría de ellas, volcadas en la corrupción.
• Clara confrontación del nacionalismo con los intereses del resto de los españoles.
• El paso del tiempo ha demostrado su ineficacia para la convergencia económico/social de las diversas autonomías. Creo que las diferencias se han acrecentado y han surgido los enfrentamientos entre ellas.
• El perverso uso que los nacionalismos han hecho de la educación como arma de adoctrinamiento etno-político, ha encabronado a la sociedad civil de los diversos territorios, dando como resultado, ampliamente comprobable, la radicalización etno-nacionalista de generaciones de jóvenes.
• Las comunidades que más han avanzado, son aquellas que se han volcado en la descentralización administrativa, en vez de en aspectos puramente políticos y étnicos.
• El escandaloso, y más que merecido, desprestigio de la clase política, judicial, empresarial y sindical, no hace otra cosa que ahondar en el desmoronamiento.

La causa de tal fracaso no es única. Se han unido varias, siendo las principales:

• La deslealtad e insumisión constitucional de los partidos nacionalistas, primero, y de los regionalistas después. Sin olvidarnos de el paulatino desmembramiento de los propios partidos "nacionales" en varonías cada vez más inmersas en el nacionalismo disgregador.
• La innoble falta de voluntad de los sucesivos gobernantes, renunciando a honrar sus juramentos de hacer cumplir la Ley, por todos y de forma igual para todos.
• La pérdida, o renuncia, del liderazgo a ejercer por los gobiernos centrales de esos partidos nacionales, que ha degenerado inexorablemente en el desmembramiento ya citado. 
• La politización del Tribunal Constitucional, pervirtiendo su función de analizar y sentenciar la constitucionalidad de las materias tratadas, convirtiéndolo en un mero órgano emisor de sentencias políticas, según los intereses del gobierno de turno.
• Un sistema electoral que se ha demostrado ineficaz, que prima la formación, fuera de toda proporcionalidad, de grupos de presión nacionalistas.
• Sin olvidar que ya sea en el ámbito municipal, autonómico o nacional, la estructura actual de los partidos está construida para salvaguardar los intereses de sus élites, antes que para cuidar de los intereses de la ciudadanía. Multiplicando de forma compulsiva, la Administraciones autonómicas y, cuando los filtros que se exige a esas administraciones, no permitían la lujuria del despilfarro y el expolio que pretendían los políticos, creando empresas, con menos control, que se lo llevaran calentito. Todo ellos con la innecesaria generación de nuevos puestos de trabajo para allegados y deudos que nos ha llevado al déficit actual.
• La corrupción se ha apoderado de tal manera de la vida política, judicial, sindical, empresarial y financiera que, a pesar de los esfuerzos de la casta judicial len salvarles el culo a todos, se ha convertido en el martillo más eficaz para el desmoronamiento institucional, sistema autonómico incluido. 

 

Todo ello nos lleva a centrar el análisis de tal fracaso, en las siguiente:

• Con ser el sueño de todo demócrata, no se puede caer en la simpleza de constitucionalizar el concepto roussiano de la bondad intrínseca del hombre, sino en los derechos y obligaciones de esos hombres, sean buenos o malos. 
• Es fundamental ejercer –siempre y toda– la legalidad, ante el incumplimiento del el compromiso juramentado a todo responsable público, prefijando duras sanciones a su incumplimiento. Lo que no está reñido con las opciones para cambiarla, usando los procedimientos legales.
• Igualmente, es fundamental atar la "voluntad" de los parlamentarios, ahora cooptados por sus respectivos aparatos, a los legítimos intereses de los ciudadanos que les votan. Por lo mismo, se deberá desligar la dependencia del voto de los parlamentarios y concejales de sus respectivos aparatos, salvo en lo incluido en sus programas electorales.
• El punto anterior exige una profunda reforma de la Ley Electoral que permita una conexión/dependencia de los representantes con sus votantes; de igual forma que se debe reducir la desproporcionada presencia de los partidos nacionalistas.
• Se muestra megalómano la actual estructura del Estado, centra, autonómico y municipal, por lo que se hace radicalmente necesario la reducción de todos los organismos y empresas redundantes.
• Es urgente la despolitización e independencia del sistema judicial, eliminando la autoarrogada capacidad del Tribunal Constitucional, como sala de casación de sentencias del Tribunal Supremo, que constitucionalmente no le competen. Qué decir de la institución fiscal, cuando la actuación de los diferentes fiscales generales del Estado, unida al sistema jerárquico de la fiscalía, les convierte en fiscales del Gobierno, en cuanto éste muestra un impropio e ilegítimo interés por las causas que traten.
• La ejemplaridad que debe conllevar la Justicia, exige una amplia reforma del privilegio del indulto que tantas veces la pervierte.
• Acabar y perseguir eficazmente la alegría con la que se manejan, o apoderan, de los dineros públicos, de todos, es la condición si ne qua non para rectificar este despropósito del que se benefician los corruptos. 

Y para rectificar el camino hacia la nada a la que nos dirigimos irremisiblemente, propongo las siguientes acciones:

• Exigir las más duras condenas para todos aquellos que abusen del poder, especialmente para quien ha sido colocado en él por elección popular porque, en cualquier caso, le votaron para que gobernara para el pueblo, no para que abusara de él. Igualmente dura, debe ser la Ley con todos aquellos que juran, o prometen, dedicarse al servicio a la sociedad con lealtad, aunque sean puestos en el cargo por acción "digital".
• Recentralizar las competencias del Estado, en los aspectos tocantes a lo político y social, con objeto de las capacidades de las comunidades autónomas, se centren fundamentalmente, en lo administrativo, eliminando los organismos, empresas y puestos de trabajos redundantes. A tal fin, sería necesario modificar la Constitución.
• Como mínimo, añadir al final del Art. 149.3 de la Constitución, lo siguiente: "salvo lo dispuesto en el Art. 150.3 sobre leyes de armonización que será siempre, jerárquicamente superior a toda normativa autonómica, incluidos los propios estatutos de autonomía." (Propuesta de Francisco José Maganto, que recoge el mínimo aceptable). Siendo unas de las materias que exigen esta armonización la Educación, la Sanidad, la Seguridad Social y lo competente al Mercado.
• Lo realmente eficaz, sería una nueva redacción constitucional que subrrogue cualquier legislación autonómica, pasada y futura, a la legislación del Gobierno Central. Y que ante el incumplimiento de esta norma, se tipifiquen las medidas a adoptar de oficio. Esto nos fijaría la definitiva situación del Estado Autonómico fijando sus límites, clara y rotundamente.
• Respecto a la Ley Electoral, creo que lo más justo, es una nueva estructura mixta de 300-350 diputados elegidos por cincunscripciones uninominales con un mínimo de un diputado por provincia o plaza, y con revocatoria de mandato. Más otros 100-50 diputados elegidos por circunscripción única y sistema proporcional, asignándose esta proporcionalidad entre los 4 o 6 partidos que más votos hayan obtenido. Por ejemplo, para 50 parlamentarios: 20 para el 1º, 15 para el 2º, 10 para el 3º, 5 para el 4º.
• Una eficaz lucha contra la corrupción, exige el compromiso juramentado de todos los inspectores y subinspectores de Hacienda con la lucha contra el incumplimiento fiscal y la corrupción, con lo que se les liberaría de cualquier sometimiento a superiores políticos que torticeramente condicionen su trabajo. Evidentemente la sanción, en caso de abuso o prevaricación de esta inspección, debe estar proporcionado a esta nueva formalización. 
• Otros organismos y cuerpos de inspección como Tribunal de Cuentas, Banco de España, la Inspección de Trabajo y otras deben reforzar su capacidad de control, celeridad en sus dictámenes y capacidades sancionadoras.
• Todo esto es agua de borrajas, si no se fijan todas las herramientas para la real independencia del Poder Judicial. Creo que el Tribunal Constitucional, como tal, sobra. Creo que podría ser una sala especializada del Tribunal Supremo, o que fuera la sala más acorde con el tema a tratar, con una configuración reforzada para el caso, las que decidieran en los futuros recursos de constitucionalidad. 
• La elección de los miembros del Poder Judicial, debe estar totalmente desligada de las "cuotas de partidos", por elección de todos los componentes de la judicatura: jueces fiscales, abogados, secretarios judiciales, etc, u otra vía que garantice el alejamiento de las manos políticas.
• La fiscalía debe perder sus organización jerárquica, dando independencia a los fiscales para el ejercicio de su función. La promoción de sus miembros, se debería realizar basada en criterios exclusivamente profesionales.