Hacienda, tan incautadora con unos y tan "despistada" o "generosa" con otros.

Hacienda, tan incautadora con unos y tan "despistada" o "generosa" con otros.

Que a lo largo de un mínimo de dos años, en al menos cuatro notarías distintas, se comentan el mismo error, de confundir un DNI normal con un DNI de sólo 2 dígitos –y siempre el mismo–, es realmente imposible o intencionada. Admitámoslo, no cabe la menor duda.

Si a esto, le sumamos que los datos que la Agencia Tributaria recibe de estos fedatarios públicos, notarios y registradores –que tienen la obligación de repasar una y mil veces los datos que suministran, obligados por Ley ha hacerlo–, no son para atiborrar improductivos almacenes, sino para cruzarlo con otros y detectar cualquier error u ocultamiento, cosa que se realiza con la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y no olvidándonos de añadirles, la igualmente increíble posibilidad de que ninguna de "esas documentaciones" haya entrado en esos generalizados cruces. 

Lloviendo, como lo hace, sobre mojado, dos hechos iguales pueden ser una casualidad pero cuatro, exigen idefectiblemente una conspiración o una connivencia.

• ¿Que sea una trama urdida por la Infanta? Parece poco probable por chusquero. 
• ¿Que sea una forma de ocultar operaciones de otros personajes? Posible, pero igualmente chusquero, salvo la certeza de que al saltar un DNI de 2 dígitos –Casa Real–, dichos datos no se iban a cruzar, lo que no dejaría de ser un delito por parte de quien, en la Agencia Tributaria tome tal decisión, y otro, de los notarios y/o registradores que falseen dichos DNI.
• ¿Que hace falta la acción de algún glofo dentro de la Agencia Tributaria? Indudable para que no se hayan cruzado los datos y salytara, mucho antes, el escándalo.
• ¿Que existan órdenes "superiores" de que los DNI de 2 dígitos no se crucen? Es únicamente una probabilidad que, en España, toma visos de cuasi realidad. Qué se puede esperar de las castas –todas– en un país en el que el Presidente saliente del Tribunal Constitucional pregona sus sentencias ajustadas a Ley y no a Política, cuando le hemos visto las sentencias del Tribunal Constitucional, que hemos visto.

El asunto se reviste de tal gravedad, que exige una investigación, hasta sus últimas consecuencias, y que el, o los, responsables paguen por tal felonía que, si alguien pretende disimularla tras un imposible error humano, sólo agravaría el daño económico, institucional y social de tan chusco asunto. Uno más.


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