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Sanidad para todos (pública o concertada). ¿Y ahora qué?





Ya se ha conseguido paralizar –cautelarmenet– la externalización o privatización de la Sanidad Pública. Se ha conseguido. Bien, ¿y ahora qué?

Para los que exigimos que la sanidad sea de calidad, igual para todos y con criterios profesionales, antes de primar si debe ser pública o privada, se abre un periodo de incertidumbre que, desde la serenidad de esta nueva situación, se aproveche por el nuevo Consejero de Sanidad, Francisco Javier Rodríguez, profesional de la Sanidad y diputado Autonómico del PP y, entre otras, jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital General Universitario Gregorio Marañón –vamos, que no es el clásico incompetente político– para, reunido con los profesionales de AFEM y otros grupos profesionales de la Sanidad, analizar la situación sanitaria y acordar la medidas de ahorro, efectivas y viables que justifiquen, ante la ciudadanía, las razones aportadas por esos colectivos sanitarios para impugnar la externalización.

Ya he dicho muchas veces, que no estoy en contra de privatizar o externalizar nada. Pero dada la difícil y cara retroactividad de estas medidas, exijo que se demuestren a los ciudadanos las expectativas y beneficios que dichas operaciones reportarán a las arcas y Sanidad públicas. Pues no pueden estar al pairo de las ideologías en gobierno. Y esta demostración, por parte del actual Gobierno de la CAM, no es que no se haya ofrecido a los madrileños, sino que directa e intencionadamente se les ha hurtado por parte del Presidente, Ignacio González y su mamporrero sanitario, Javier Fernández-Lasquetty. Y esto es un hecho incontestable.

Indudablemente, los profesionales sanitarios deberán ofrecer un proyecto viable y reductor de gasto que contemple reducción de personal excesivo –que lo hay–; reasignación y optimización de puestos laborales; aprobar una fómula que permita adaptar los salarios a la situcaión real del país; reducción de gastos en medicamentos, procesos, material –que también son posible
–; centarlización de compras;  profesionalización de la gestión sanitaria, prescindiendo de políticos ineptos y asesores innecesarios; y proponiendo la contratación de gestores profesionales –por objetivos– y su renovación, si los alcanza.

La cosa es clara, si el coste mínimo y objetivo de esta Sanidad, lo fijamos, por ejemplo, en 100, le va acostar lo mismo 100 a la Sanidad Pública que a la Sanidad Privada, pero ésta añade el lógico beneficio empresarial, ¿hasta un 115, por ejemplo? Luego será más cara.

Porque si lo que hace la Sanidad privada es bajar ese coste hasta 85, para tener ese margen de 15, como beneficio empresarial, una de dos:

  • O lo quita de las prestaciones a los pacientes.
  • O explota a los sanitarios, con salarios basura.
  • O su negocio es inviable.
  • O el precio real de esos servicios es falso, nunca 100, sino 85, por lo que la sanidad Pública debe hacerlo a ese mismo coste.
No hay otra, el dinero, salvo por los bancos centrales, ni se crea ni se destruye, solo cambia de manos y, por nuestro interés, el de todos, esperemos que vaya a las correctas.

Si partimos de tener que asumir como inevitables, las actitudes de malos profesionales que escurren el bulto y encarecen la Sanidad con su baja productividad, tendremos que asumir igualmente, como inevitable, la desvergüenza y deshonetidad de nuestros políticos y de ciertas empresas que les guardan un puesto en su Consejo de Administración, para agradecerle los "sevicios prestados".

Pensar que unos son, y serán, unos golfos progresistas, mientras que los otros se pueden enmendar, es ser directa y llanamente un sectario o practicar la Ley del embudo, que no deja de ser lo mismo.




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Sentido Común y Demócrata, SCD.




La movida organizada en Madrid por la privatización de la gestión –si únicamente fuera ésta– de la Sanidad Pública, me lleva a desempolvar unas reflexiones que hice hace algún tiempo al respecto, y que paso a revisar.

A partir de hoy hago firme propósito de no definirme nunca más como socialdemócrata, liberal o conservador, ni mucho menos con ningunos de sus "-ismos" , que lo poco que he sacado de analizarlos, es que tan funestos son unos, como otros. No tendré ningún problema en reconocer que determinada solución que considere apropiada para un problema concreto, será más liberal o más socialdemócrata. Pero de ahí, no paso.

Por eso estoy aquí, en Sociedad Civil y Democracia. Porque he comprendido que alejado de esas "militancias ideológicas a “machamartillo”,con la fe del converso, es donde he encontrado respuestas razonables, y viables, a los problemas que nos acosan.

Así que paso a definirme como como un ciudadano con Sentido Común y Demócrata, SCD, o, lo que es los mismo, un afiliado a Sociedad Civil y Democracia.

Y es aplicando ese Sentido Común Demócrata, al problema que la sostenibilidad de la Sanidad Pública, nos plantea, por lo que me he acercado al problema sin posicionamientos preconcebidos. Creo que hay servicios cuya universalidad y garantía deben quedar en manos del Estado, sin que esto suponga un impedimento para la iniciativa paralela de una opción privada, salvo en Política Exterior y Fuerzas Armadas. Del resto, Sanidad, Educación y otras, he dicho que debe quedar en manos del Estado su garantía y universalidad, que no necesariamente su gestión o concertación.

Lo he dicho muchas veces, a mí no me asusta la privatización, si es para mantener la calidad de los servicios privatizados y mejorar sus costes. La clave no está en que la Sanidad sea pública o privada, sino en que la gestión que se realice de ella, sea buena en vez de mala.

Y si la gestión es buena –alejada de amiguismo y politización alguna–, seguro que la pública, sería la mejor opción al evitar la partida de los lógicos beneficios de la empresa que la gestione.

Pero esto no ocurre. Tampoco nos mintamos, con la gestión privada, la cosa no está para tirar cohetes. Ahí la denuncia de que en el Hospital de Guadalajara –gestionado por Capio Sanidad– una resonancia magnética haya pasado de una lista de espera de 18 DÍAS, a los 250 días. ¿Es esto una buena gestión?

Las preguntas son:

¿Es posible una gestión pública profesional sin que los políticos metan sus manos?

¿Es posible que esa gestión pública esté acompañada por una optimización de sus resultados con unos costes sostenibles?

¿Es posible una gestión privada que no esté viciada desde el principio por el clientelismo y el nepotismo?

¿Es posible que el margen de beneficios se alcance desde otros capítulos que no sean el salario de unos profesionales que se concluirían por marcharse al extranjero donde son pagados mucho mejor?

Dando por sentado que lo realizado por el PSOE ha resultado en un expolio aún mayor de lo público, es en este punto, en el que deseo hacer hincapié en las peculiaridades, o extremas casualidades que concurren en estas privatizaciones abordadas por las administraciones en manos del PP. Se va perfilando claramente Capio Sanidad, como adjudicataria de la mayoría de esas privatizaciones, a las que habrá que añadir el hoy en boca de casi todos los madrileños –pperos a la gresca incluidos–, Hospital de la Princesa.

Resulta que al analizar el staff directivo de Capio Sanidad, directa o indirectamente, aparecen una serie de viejos conocidos de la política de derecha española, no sólo de la depredación por la izquierda, vive España:

Rodrigo (de) Rato y Figuaredo: accionista de Capio Sanidad. Fue exvicepresidente segundo del gobierno y exministro de Economía, expresidente del FMI y expresidente de Bankia.

Ignacio López del Hierro: aunque es difícil determinar su responsabilidad real, figura como gestor de hospitales en Capio Sanidad, según varias fuentes. Marido de Mª Dolores de Cospedal, fue gobernador civil en Toledo y al poco en Sevilla. Muy vinculado al mundo inmobiliario es el clásico caso del multiconsejero (multisueldo en Metrovacesa, Bami, Amper, Thesan Capital, etc.). En la actualidad, tras un fallido intento de su consorte por "colocarlo" en el Consejo de Red Eléctrica Española, sí han conseguido auparlo al Consejo de Administración de Iberdrola Ingeniería y Construcción. Pero su gestión más sonada la realizó como vicepresidente del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha.

José Ignacio Echániz Salgado: éste aparece de forma indirecta, ya que es su hermana, Teresa Echániz Salgado, la subdirectora de investigación de Capio Sanidad. Lo curioso es que Echániz, es el único con conocimientos médicos y amplia experiencia en Sanidad como consejero del ramo, primero en la Comunidad de Madrid y, actualmente, en Castilla la Mancha.


De Rato, tengo que decir que no lo considero el principal responsable del fiasco –o lo que haya sido– de Caja Madrid que llegó muy tocada bajo su línea de flotación a Bankia. Para esta responsabilidad, habría que hablar de Miguel Blesa, pero de este personaje, hoy no toca. Sí es responsable Rato, de los ocurrido con la salida de Bankia a Bolsa, el posterior escándalo y las cifras "retocadas" que muchos de los perjudicados nombran directamente como falsedad, engaño o algo mucho peor.

De López del Hierro, me circunscribiré a su "ceguera sobrevenida" ante todo lo que pasaba en CMM y que en mi opinión, no puede esgrimir para salvar su imagen profesional como gestor.

Pues bien, Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura y, se habla de que en el futuro, también Valencia, todas ellas gobernadas por el PP, ponen parte de su Sanidad Pública en manos de una empresa privada gestionada por estos dos hombres, Rato y López del Hierro, "acreditados gestores" por sus respectivas acciones de apuntillamiento en dos grandes cajas de ahorros españolas, fallecidas en acto de servicio a los políticos, oligarcas y especuladores de turno.

¿Son estas las privatizaciones que van a salvar la Sanidad Pública en España?

Habrá que pensar que con estas empresas privadas, tendremos que echar mano de Carlos Jesús "el Raticulín".

Finalizo volviendo a lo dicho más arriba: "no me asusta la privatización, si es para mantener la calidad de los servicios privatizados y mejorar sus costes. La clave no está en que la Sanidad sea pública o privada, sino en que la gestión que se realice de ella, sea buena en vez de mala."

Seguro que existen funcionarios profesionales e independientes capaces de realizar una gestión pública eficaz, pero no están dispuesto a firmar lo que su superior político le ponga por delante, sin más. No olvidemos que el funcionario tiene responsabilidad penal. Seguro que también los hay que dejan hacer.

Pero qué decir de las empresas privadas, todos conocemos los resultados reales de muchas y escandalosas auditorías de famosas multinacionales, maquillando los balances de otras empresas financieras que, al poco, han resultado en quiebra práctica.

¿Mi conclusión? Ni lo público es perverso per se, ni lo privado, por serlo, es excelencia pura. Quizás el error, de una parte es confundir "público" con "político", y de otra, que lo privado esté contaminado en sus orígenes por lo político. En definitiva, cuanto menos intervengan los políticos, mucho mejor para todos.


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El orden de los factores ...

Creo que llegada la crisis y cuando aún muchos somos incapaces de percibir la magnitud real de ésta, es el momento de puntualizar algo que antes, en épocas de ficticias abundancias, parecía no tener la relevancia que ahora presenta y es que el orden de los factores, en este caso, sí altera el valor del producto o resultado.

Creo que en casi todos los posicionamientos importantes de UPyD, nos decantamos clara y prioritariamente por servicios públicos, reminiscencia del pensamiento tradicional de izquierda del que muchos procedemos, si bien es cierto, a continuación reseñamos su necesaria calidad. Pues bien, además de una lamentable tendencia a no dar ni clavo y que todo se nos ofrezca gratis porque, en el fondo, todos somos "personas humanas", y admitiendo toda la carga de injusticia y de políticamente incorrecto que una generalización conlleva, si algo he aprendido sobre la condición ciudadana de mis paisanos, y aunque raramente seamos capaces de verbalizarlo, es que en el fondo lo que realmente nos importa es que aquellos servicios esenciales que recibimos del Estado —pagados con nuestros impuestos, no lo olvidemos—sean de calidad y con unos gastos adicionales razonables, si los hubiere. Sobre todo en Educación y Sanidad, sea quién los preste papá Estado directamente, o a través de empresas concertadas.

Por ello sugiero que en adelante desde UPyD, a la hora de hablar de los servicios exigibles por cada español, cambiemos el orden de los adjetivos para reforzar la prioridad de cada uno de ellos: "Estamos por una Sanidad y una Educación de calidad, pública, ..." o mejor "Estamos por una Sanidad y una Educación universal, de calidad, pública y gratuita"

Generalmente he oído a mis actuales compañeros de viaje en UPyD, el otro lado de nuestro transversalismo, los liberales, que la gestión privada es capaz de dar la misma calidad de servicio que la puramente publica con un coste sensiblemente menor, es más eficiente. Desde luego, la reciente actuación de sindicalistas en la Comunidad de Madrid, no lo desmiente. Sin embargo, por lo visto en el funcionamiento de la Educación, según Esperanza Aguirre, y los resultados perceptibles de la gestión privada en los hospitales públicos recientemente inaugurados en Madrid, más bien parece un brindis al sol. Por lo que, como casi siempre, me temo que la verdad la encontraremos a mitad de camino.

Así que dejo al criterio de cabezas más autorizadas del partido la colocación en su orden de prioridad adecuado del siguiente calificativo: sostenible (no tanto en términos ecológicos, como económicos), esto es, que la prestación directa o concertada con empresas privadas de esos servicios esenciales no puede ser a costa de un exorbitante gasto para las arcas del Estado, ni de una reducción de la calidad de dicho servicio. Cuando hablo de calidad, no trato únicamente de equipamiento e instalaciones, sino de remuneración de los profesionales que los prestan, evitando la sangría económica que supone la marcha de estos médicos, enfermeras, comadronas, etc, a otros países donde les remuneran adecuadamente cargando el Estado Español con sus grandes gastos de formación.


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